28/07/2010

La derecha, Maquiavelo y la tentadora idea de culpar a los demás

“Ten siempre preparado un chivo expiatorio para tus culpas”. Esta es uno de los tantos consejos implícitos que se desprenden de las obras de Nicolás Maquiavelo que, con los siglos, han hecho escuela en la administración pública y la distribución del Poder. La coyuntura chilena no escapa a la guía práctica recomendada por el consejero diplomático florentino, especialmente con la estrategia comunicacional elegida por el Gobierno de Sebastian Piñera: apuntar los dardos contra la anterior administración.

Los objetivos de este procedimiento sistemático son múltiples: Si se culpa al gobierno anterior se justifican las actuales inercias bajo la lógica “así estaba de mal cuando llegamos nosotros”. En este sentido, la estructuración de la agenda setting ha tomado otro cariz. Tal como apunta Chomsky, los gobiernos y los medios de comunicación se ponen de acuerdo para que, a la hora de jerarquizar las noticias, se promocionen aquellas que pueden favorecer los postulados, pensamientos o intereses del Estado al que pertenecen.

Así, la lista de autoridades de derecha que critican la gestión pasada de sus antecesores, denunciando irregularidades, ineficiencias y gastos –a su juicio- innecesarios, ha encontrado una prodigiosa tribuna en los Mass Media hegemónicos, particularmente en El Mercurio y La Tercera. El caso del Ministerio de Salud es paradigmático, al igual que otros. En esta primera cartera se denunciaron malversaciones de fondos y sobre gastos con viajes al extranjero. Lo mismo ha ocurrido en el Ministerio de Educación, Transantiago y, últimamente, la Junji. Asimismo, los resultados de la encuesta Casen también se han prestado al análisis politiquero, en vez de concentrarse en remediar los persistentes problemas estructurales que ha develado este instrumento. En este último caso se manifiesta la perfecta sintonía entre la idea de culpar a terceros, asociándola a la necesidad de ineficiencias en el gasto social, tal como lo han hecho autoridades gubernamentales y especialistas de derecha.

El denunciar el mal uso de los gastos público y la poca transparencia en la administración no es un pecado. Todo lo contrario. El principal problema es surgen algunas sospechas por este afán acusador y que se revela mucho más allá del simple rol fiscalizador que comunicacionalmente se atribuyó la derecha en los últimos veinte años.

La primera es la pretensión de marcar un punto de inflexión en la administración de un modelo económico-político impulsado por este propio sector, en circunstancia de que el cambio de Gobierno ha sido un cambio de continuidad que no supone una total ruptura con la anterior administración. En este sentido, la política de instalar la idea de “encontrar la casa patas arriba”, no es más que la clásica estratagema de definir un chivo expiatorio en el cual concentrar las críticas y responsabilidades.

Esta era una idea subyacente en el Programa de Gobierno de la derecha: desmarcarse de las administraciones de la Concertación a partir del concepto ancla de la eficiencia. Para ello es necesario exponer pública y constantemente su antítesis: la ineficiencia con la cual actuó el bloque de centro izquierda en su misión de administrar el Estado. Una vez instalada esta idea en el sentido común se allana el camino a la promoción de los postulados ideológicos de la derecha y que entroniza a la privatización de los servicios públicos como la panacea a todos los problemas de la sociedad. O sea, de que estamos en presencia de la máxima maquiavélica de “siempre tener a alguien a quien culpar si las cosas van mal”, lo estamos.

Las últimas corrientes sociológicas sostienen que la tendencia a inculpar y acusar a los demás es una consecuencia de la incerteza, falta de protección e inseguridad presentes en las relaciones sociales y en el modelo de sociedad que se construye. Lamentablemente, esta ha sido la constante de las últimas dos décadas en el proceso de modernización chileno, especialmente en las expectativas que espera la ciudadanía respecto a las tareas del Estado en materia de protección y promoción social. Como las personas, particularmente los grupos de menores ingresos, esperan algún superar los “mínimos de garantía”, centran sus esperanzas de promoción a partir del aparato público. La derecha es consciente de esta necesidad, razón por la cual la estrategia de culpar al anterior gobierno busca capitalizar consensos en torno a la idea de que son un “buen gobierno” o “el gobierno de los mejores”. Aquí, la máxima de Maquiavelo calza como anillo al dedo: “los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar”.

El peligro es que el discurso del actual gobierno profundiza esta sensación en la opinión pública, puesto que la premisa de acusar al anterior gobierno debilita aún más la endeble confianza de la ciudadanía hacia el Estado. Lo peor de todo es que las actuales autoridades se han concentrado en criticar la anterior gestión sin realizar propuestas concretas y precisas, limitándose solamente a señalar que se debe hacer una reingeniería en el presupuesto. Este último término es bastante vago y ambiguo, dejando la puerta abierta para un eventual proceso de privatizaciones en servicios claves para la entrega de beneficios sociales. La opción de desprestigiar el trabajo de los anteriores gobiernos también refleja un déficit de responsabilidad para enfrentar el escenario heredado. La reproducción de la cultura de la queja es un arma de doble filo si se promueve desde las altas esferas del Estado, ya que se muestran los errores anteriores, pero no se proponen sus respectivas soluciones. Otro elemento de sospecha es la marcada agenda comunicativa y mediática en torno a este tema para cubrir intenciones más subyacentes en la idea que tiene la derecha respecto al Estado. En otras palabras, la persistencia agenda setting es funcional para cubrir otras temas relevantes fuera de la oferta informativa.

Efectivamente, vemos que las actuales autoridades privilegian la crítica a sus antecesores, pero nadie habla del vacío de poder en el cual se encuentra el Estado en estos momentos, sobretodo en regiones donde campean los ofrecimientos de empleo para jefaturas de servicios públicos que todavía no pueden definir su línea de acción en terreno, ya que están descabezadas desde marzo de este año.

Desde el punto de vista comunicacional, además, indirectamente se está generando un fenómeno de víctimismo: El sentido común de algunos sectores se ha empoderado bajo la percepción de que el actual gobierno “debe pagar los platos rotos”; “pobrecito Piñera que debe enfrentar todos los problemas dejados por la corrupción de la Concertación”; “este gobierno de la eficiencia debe ver todos los problemas heredados”. Justamente, este es el tono de los comentarios en Facebook, cada vez que un Medio de Comunicación, como CNN Chile, pide la opinión de sus lectores respecto a las acciones del Gobierno.

En términos prácticos, este tipo de estrategias son de doble filo porque culpar a los demás, en la cultura de la administración estatal, termina conduciendo a una continua situación de autocomplacencia, engaño y aletargamiento que tienden a paralizar la acción pública. Se cae en la comodidad y, en consecuencia, en la irresponsabilidad de seguir realizando los mismos errores ya que “otros siempre serán los culpables”. Algo similar le ocurrió a la Concertación en su experiencia de veinte años en el Estado, culpando indirectamente a la tautológica y abstracta figura del “modelo económico” de los males del país, cuando ellos tenían la conducción de loa asuntos públicos.

La reproducción de esta cultura política se ha agilizado con la decisión de la derecha y su gobierno de mirar hacia atrás, sin plantear una reforma de fondo a los problemas que se originan en la administración de la cosa pública y privada.

La moderna teoría de la desinformación explica las pretensiones expansionistas de Santiago

Algo más importante que la información debe funcionar en los actuales Servicios de Inteligencia de los Estados modernos: la desinformación. El valor de ésta reside en manipular y deformar la realidad y la verdad. Sobre esta base, podemos analizar el discurso de las autoridades de Gobierno y los gremios de la construcción luego del rechazo del Consejo Regional Metropolitano a la extensión de 10 mil hectáreas urbanas en la superficie de Santiago.

El grito en el cielo del sector privado no se hizo esperar y, en menos de 24 horas, los representantes inmobiliarios han iniciado a descargar una serie de argumentos comunicacionales para intentar revertir el fallo de la instancia regional. Lo que podría ser una noticia más, en realidad, plantea un tema de fondo y de vital importancia para el desarrollo de la calidad de vida en Santiago en el mediano y largo plazo, además de constituir un punto de inflexión en las opciones que se deben tomar en cuanto a una mayor centralización o descentralización del paìs.

Sin embargo, este matiz no es considerado por parte del sector empresarial involucrado, ni por los Medios Tradicionales que los apoyan –La Tercera y El Mercurio- ni por el actual Gobierno, lo que es peor aún. ¿Qué podríamos pensar al respecto? Nada màs que el imparable lobby de las empresas inmobiliarias por continuar extendiendo una mega ciudad de seis millones de habitantes sin ninguna racionalidad, excepto la de la rentabilidad, en circunstancias de que al interior del anillo de Américo Vespucio se encuentra una no despreciable cantidad de sitios eriazos y barrios degradados.

La desinformación con la cual han salido los defensores de la extensión urbana que pretenderá equiparar a Santiago con ciudades como Rio de Janeiro, Sao Paulo o Buenos Aires -las cuales deben hacerse cargo de la ingobernalidad cotidiana inherente a urbes con más de quince millones de habitantes- parte de una base reconocible, pero que pocos pueden identificar en este época de saturaciones informativas: La idea de entregar datos deliberadamente falsos, incompletos y erróneos, destinados a engañar y desorientar a grupos y personas.

¿Què otra cosa podríamos decir con estos antecedentes?. Si analizamos las declaraciones del ex Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y actual Intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, cuando afirma que el rechazo a la modificación del Plan Regulador para continuar expandiendo Santiago, impedirá la construcción de viviendas sociales. ¿Acaso las diez mil nuevas hectáreas que pretenden las empresas inmobiliarias se destinarán mayoritariamente a “viviendas sociales”?!!!! La misma lógica del recurso retórico de meter miedo colectivo, mediante la persistencia idea de la pobreza, si es que no se deja actuar libremente al mercado, emerge cuando Medios de Comunicación, como La Tercera, señalan que el rechazo del CORE implicará un aumento de precios en el uso del suelo y de los arriendos.

Estos ejemplos exhiben los clásicos elementos constitutivos de la teoría de la desinformación, otorgando informaciones erróneas e incompletas (las notas periodísticas sólo utilizan las fuentes interesadas en ampliar la ciudad). En este caso, la idea de fondo detrás de la intencionalidad de las declaraciones pro-expansionistas es el chantaje: Si no se extiende aún más la ciudad no podremos luchar contra la pobreza o el déficit habitacional, si se impide que “la mano invisible” del mercado funcione, entonces éste incrementará los precios y, por ende, el costo de la vida.

La desinformación moderna como la conocemos hasta ahora, tiene sus raíces en el sistema de inteligencia soviético y nacionalsocialista alemán, aunque la palabra misma (desinformatsia) aparece por primera vez en el Diccionario soviético en 1952, cuando se define como la propagación de ideas falsas para crear confusión en la opinión pública. El estratega por antonomasia, al cual todavía recurren los monetaristas ortodoxos, el chino Sun-Tzu decía que el “Arte de la Guerra” se funda en el engaño, el cual es uno de los principales elementos subyacentes en la idea de la moderna competitividad económica que, específicamente, se lucha en el campo de las ideas.

De forma bastante aterrizada, los ambientes investigativos españoles sostienen un significado más preciso de cómo debemos entender actualmente la desinformación: Las situaciones en las cuales no se les permite a los receptores que ejerzan su pleno derecho a la información como ciudadanos. Ello se conoce como sub información, uno de los rasgos de la actual teoría de la desinformación. Esto en Chile, como sabemos, es impulsado por la estructura duopolista de nuestro mercado informativo, que està operando a partir de la reciente reconfiguración de contenidos informativos luego de la llegada de la derecha al Poder Ejecutivo. De este modo, no nos debe sorprender el tipo de declaraciones del Intendente metropolitano, quien además es un caso paradigmático del conflicto de intereses particulares que tienden a profundizar los lazos de Capitalismo Crony o de compadrazgo entre las autoridades públicas de un territorio y las empresas constructoras privadas.

Cuando no se permite el pleno derecho a la oferta en el tratamiento de la información surgen productos como los artículos de La Tercera, donde las construcciones de contenidos son parciales (una sola referencia de fuentes, sin contrapartes), lo que lleva a una falta de rigurosidad que inevitablemente crea un vacío cognitivo en los lectores, oyentes y/o televidentes. No sorprende, entonces, que la mayoría de las prácticas desinformativas se manifiesten en el periodismo económico, pues en esta instancia se muestra la verdadera raíz de intereses creados en torno al objetivo de instaurar un mercado sin regulaciones.

El tipo de declaraciones dadas por las autoridades tendientes a asociar la falta de expansión de una ciudad saturada demográficamente con el aumento y/o la mantención de la pobreza, también debemos entenderla con los atávicos problemas socioculturales que nos deja nuestra histórica estructura social, con el perenne miedo de caer en una supuesta desgracia económica. Así, cuando el Intendente Echeverría dice que no se podrán construir más viviendas para la gente pobre, pretende evidenciar la persistencia de un problema social para las clases altas y medias que deberán ser invadidas por viviendas sociales, en sus cercanías, cuando estos segmentos son el principal mercado objetivo para las inmobiliarias que construyen villas y complejos residenciales fuera de la capital, como se ha hecho en Colina y Chicureo. No es un hecho desconocido el modo en que las clases sociales altas de Santiago se han aislado de los demàs sectores en el ùltimo siglo. Tanto asì que actualmente se han instalado en los contrafuertes cordilleranos. Siguiendo esta lìnea de comportamiento social històrico, es màs dìficil creer en la idea de construir diez mil hectàreas de viviendas sociales.

La manipulación de argumentos también se puede leer desde la óptica caritativa: “Liberemos el uso de los suelos urbanos para construirle a los pobres”. De la mano con la idea de hablar del “cuco” de la pobreza -si es que no se acatan los deseos del mercado privado- se apela a otro chantaje: el aumento del desempleo si no se incentiva a la construcción. Podríamos extrapolar el razonamiento de “socializar las pérdidas y privatizar las ganancias” con la idea de “socializar los miedos para alimentar las ganancias privadas”, especialmente cuando hablamos del futuro de nuestra calidad de vida cotidiana en una metrópolis como Santiago

Los puntos de vista de las autoridades y de los Medios de Comunicación no caen por su propio peso; son tan ligeros que una leve brisa los puede diluir en el aire. Basta dar una vuelta en el cerro San Cristóbal para apreciar la sub urbanización a la que ha sido sometida la zona norte de Santiago que, vista desde el alto, parece una enorme favela de techos oxidados, en comparación con el sector ubicado en la ribera sur del Mapocho. ¿Es realmente necesario crear otra comuna de diez mil hectáreas, cuando tenemos casi la mitad de la ciudad en una situación de degrado? El mercado perfectamente, a través del marketing y de estudios acabados, podría reflotar algunas zonas urbanas, mediante nuevas edificaciones, reactivando la oferta de servicios comerciales en las vastas zonas deprimidas que existen desde hace años. Si el Intendente dice que actualmente el precio por metro cuadrado es de 1 UF en Santiago, ¿Eso quiere decir que la extensión de diez mil hectáreas partirá de 0 UF?; ¿las inmobiliarias iniciarán sus ventas gratuitamente?; ¿Por qué Echeverría pone como referencia estos valores, si está pensando en viviendas sociales?, a menos que efectivamente deseara que las casas populares se acerquen a los estándares europeos. ¿Acaso es inevitable la llegada de más de un millón de supuestos nuevos santiaguinos de aquí al año 2040?; ¿Qué rol se le asigna entonces a la descentralización y cómo se entiende èsta si es el mercado el único actor que desea seguir extendiendo Santiago? Bueno, aquí no sólo las inmobiliarias se frotan las manos, sino que también Chilectra, Gasco y Aguas Andinas, entre otros actores que prefieren invertir exclusivamente en la capital y no en las demás regiones.

Este tipo de preguntas quedan excluìdas de la convencional oferta informativa, por lo que es la ciudadanía la responsable de revertir las pautas desinformativas si es que el Estado toma partido por el bien privado en vez del bien común.

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02/07/2010

Las razones por las cuales los padrinos hollywoodenses de la Mafia italiana dejaron de existir

Debido a la multiplicidad de realidades fragmentadas y paralelas que recorren el mundo, cuando hablamos de Mafia italiana inmediatamente tendemos a pensar en el imaginario seminado por las pelìculas “hollywoodenses” y, por lo tanto, un objeto tan complejo como el crimen organizado termina siendo reducido a una expresiòn un poco “pintoresca”. El sentido comùn, asì, se concentra en el ya clàsico arquetipo del mafioso, en sus modos de comportamiento que despiertan admiraciòn en unos y rechazo en otros, pero la esencia de sus acciones en los proceso econòmicos, polìticos, sociales y culturales pasan inadvertidos.

Hablando del reconocimiento arquetìpico, lamentablemente Italia es el lugar por excelencia, puesto que el concepto de Mafia podrìamos decir que es su denominaciòn de origen, su producto cultural, su mayor empresa multinacional como veremos. Este serà el primer capìtulo de las “Crònicas Mafiosas”. Nos basaremos en una de las leyes de la escuela del estructuralismo para llevar a cabo nuestro cometido: iremos de lo general a lo particular; desde la influencia y el rol de la Mafia en la macroeconomìa italiana y su extensiòn en el contexto de globalizaciòn, en lo que actualmente se conoce como “La economìa canalla. El lado oscuro del nuevo orden mundial”, como bien lo apunta la periodista italiana, en su homòloga obra.

La principal caracterìstica de esta economìa canalla contemporànea es la pèrdida del control de la esfera polìtica respecto al mercado, dejando zonas oscuras o vacìos de poder que permiten el crecimiento de formaciones econòmicas al margen del ordenamiento jurìdico y de la ètica, con la cual se genera una cultura de la tolerancia por parte del cuerpo social hacia este tipo de pràcticas que son legimitimizadas en las pràcticas cotidianas.

Demos el puntapiè oficial con las cifras. De acuerdo al ùltimo informe anual del Instituto Europeo de Estudios Polìticos, Econòmicos y Sociales (Eurispes), la principal empresa de Italia es la Mafia que, durante el 2009, facturò 130 mil millones de euros, o sea el 10,3% del monstruoso PIB italiano. Esta cifra representa, màs o menos, toda la riqueza generada por la economìa chilena en un ano, con lo cual podrìamos decir que la mafia italiana serìa la quinta economìa màs grande de Sudamèrica.

Entre las cuatro principales organizaciones del sur que logran facturar esta cifra se cuentan la famosa Cosa Nostra (Sicilia); Ndrangheta (Calabrai); Sacra Croce Unita (Puglia) y la Camorra (Campania). Esta ùltima –popularmente conocida como la Camorra napoletana- es la màs potente de las organizaciones criminales de Italia y Europa.

La Mafia es la principal empresa italiana, caiga mal a quien caiga. Para darnos cuenta de esta realidad, veamos el ranking de los principales resultados de los balances de empresas en ese paìs: la empresa ENI (petròleo,gas y energìa) facturò 108 mil millones de euros en el 2008; ENEL (Electricidad) 59 mil millones, y la FIAT (Automotriz) con 59,3 mil millones de euros.

El eje central que nos permite comprender la funciòn de la Mafia en la sociedad italiana es considerarla como una organizaciòn de Poder cuya principal garantìa de existencia proviene de las alianzas y colaboraciones con funcionarios del Estado y la clase polìtica local. Esta es la viga maestra que permite la reproducciòn de sus actividades ilegales y el consiguiente apoyo que obtienen en considerables segmentos de las poblaciones del sur de la penìnsula. En otras palabras, un anàlisis moderno de la influencia cultural de la Mafia en Italia debe considerar este tèrmino como un modo de organizar actividades ilìcitas a partir de redes de Poder, producto de la imbricaciòn con el Estado.

De este modo, son recurrentes los casos en los cuales se descubren relaciones entre el sector pùblico y las cuatro organizaciones mafiosas mediante el acaparamiento de fondos pùblicos, particularmente en el sector inmobiliario. Las organizaciones criminales en Italia no habrìan llegado a este grado de expansiòn y desarrollo si no fuera por la conformaciòn del moderno Estado de la Post guerra. Hablando de poderes fàcticos, desde 1948 se reconocen tres actores estratègicos que han determinado el perfil de la sociedad italiana hasta ahora: Estados Unidos, Vaticano y Mafia. Durante 40 anos esta trìada logrò construir una sòlida imbricaciòn con la finalidad de estar en la primera lìnea en la lucha contra el comunismo en el contexto de la guerra frìa. Sin embargo, la larga influencia del crimen organizado perduran hasta la actualidad desde la esfera estatal, pasando por el sistema financiero, hasta las actividades microeconòmicas.

En este sentido, las licitaciones pùblicas para la construcciòn de infraestructura en obras pùblicas y vivienda sufren de la llamada infiltraciòn mafiosa, mientras que en el sur de la penìnsula se estiman en 600 los Municipios cuyos consejos comunales sufren este fenòmeno.

De acuerdo a màs de un autor, las causas de esta infiltraciòn sistèmica responden a las fragilidad de las instituciones pùblicas, producto de un persistente anacronismo de tipo familiar. No por nada, desde el resurgimiento italiano en 1870, cerca de cincuenta familias se han dado el lujo de distribuirse el poder en este paìs en el àmbito econòmico y polìtico. Esta sòlida base polìtica y cultural ha permitido una acumulaciòn de capital a lo largo de los anos que pràcticamente hace imposible la disoluciòn de las actividades de la Mafia en las dinàmicas econòmicas, extendièndose a Europa, Estados Unidos y Canadà, debido a las condiciones objetivas puestas por la globalizaciòn. Actualmente, otros importantes sectores de inversiòn mafiosa son el turismo, el deporte, la alta moda, en los cuales surgen nuevas oportunidades para seguir expandièndose a otras àreas, como la distribuciòn de frutas y hortalizas y el cafè.

Y es que el reciclaje de dineros provenientes de las actividades mafiosas a empresas normales supone un joiny venture o una asociaciòn estratègica entre los empresarios con la criminalidades, por lo que hablamos de un nuevo socio que incorpora su cultura cotidiana a la empresa, siendo porteriormente difìcil de marginar. Ello explica el aumento de estafas, chantajes, cobro de cuotas ilegales y extorsiones. La presencia territorial mafiosa està arraigada desde un punto de vista econòmico, sociològico y antropològico en el sur de Italia. Como ejemplo podemos mencionar los muros de la ciudades de Sicilia, donde se expresa “mejor la Mafia que el Estado”, la negativa de los apoderados de una escuela de Catania a que sus hijos participen en una obra de teatro contra el crimen organizado. En sìntesis, hablamos de poblaciones que han optado por el miedo en vez de la denuncia o. en algunos casos, al apoyo directo a las actividades criminales que aprecian como màs positivas respecto a la inercia del Estado en estos verdaderos territorios ocupados.

Lo cierto es que una parte de la sociedal meriodional italiana ha perdido el sentido cìvico frente a la cotidaniedad de la economìa controlada por las organizaciones criminales. Uno de los motivos principasles que explicarìan esta conducta social es la transformaciòn de la Mafia, del arquetipo gansteril a empresarios, negociantes, gremialistas, etc. Ello responde al aumento de la cultura de la corrupciòn sumergida que llegò de la mano de Silvio Berlusconi. Efectivamente, desde la muerte de los jueces Falconi y Borsellino a comienzos de losd noventa, la lucha contra el crimen organizado en Italia ha tomado otro matiz: El mediàtico, en el cual esporàdicamente Policìa y Militares logran capturar a jefes de alto rango, pero cuando se inician las investigaciones judiciales que develan las vinculaciones con el Poder polìtico y econòmico, de inmediato el mismo Berlusconi es el primero en hablar contra el Poder Judicial, acusando a los magistrados de “comunistas” o “inùtiles”.

En su documental “Italia, Maliitalia. Historia de Mafiosos, Hèroes y Cazadores”, dos periodistas francesas, señalan que cerca del 27% de los jòvenes en Calabria ejercen trabajos en espacios econòmicos de la Mafia, sean legales o ilìcitos, mientras que Sicilia y Campania, el fenòmeno abarca el 10% de este grupo etario. Las profesionales hablan en este caso, de una “burguesìa mafiosa”. “En el sur la burguesìa ha perdido su tradicional ascendencia en la sociedad, su posiciòn de lìder de opiniòn. Hoy lo que cuenta es el dinero, el negocio. Negocio que sòlo puede ser poseìdo a travès de la economìa mafiosa.

El problema que acarrea esta dinámica es que la lucha por parte del Estado sufre una inversiòn de roles en la percepciòn de la poblaciòn. Asì, las jefaturas de policìa que combaten a la mafia en los territorios del sur, en la mayorìa de los casos deben vivir años, y hasta dècadas, bajo escolta armada, en lugares secretos, con lo cual se convierten en subversivos, viviendo en la clandestinidad para que no peligren sus vidas, ni la de sus familiares. Lo mismo ocurre para quienes combaten las actividades de la economìa criminal desde la sociedad civil que en algunas ocasiones sufren el aislamiento por parte de los demàs conciudadanos, por haber transgredido el còdigo de silencio de la “omertà”.

Tal como coinciden los diagnòsticos el sur italiano es el primer y tercer capìtulo de la Divina Comedia de Dante: el Infierno y el Paraìso. Està poblado por personas honestas, trabajadoras y la otra cara de la moneda, representada en complìces y carniceros, ademàs de los infaltables martìres de corte catòlico como policìas, jueces, sindicalistas y dirigentes civiles que se han atrevido a alzar la voz contra este nuevo tentàculo econòmico de la actividad criminal criolla que ha dejado en los anales y en la cinematografìa a los arquetipos hollywoodense.

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12/05/2010

Avances y desafìos del sistema de documentaciòn pùblica y privada en Chile


Las nuevas complejidades surgidas en la llamada sociedad de la informaciòn estàn plateando desafìos no menores para el actual estado de las ciencias de la documentaciòn en Chile. Y es que en el paìs todavìa subsiste una fuerte dicotomìa entre la demanda de informaciòn y datos claves que demandan las Organizaciones No Gubernamentales hacia las instituciones pùblicas, cuya disponibilidad se determina en funciòn del històrico rol “paternalista” que ha asumido el Estado con la sociedad civil.

Un ejemplo de la brecha existente en el acceso a la informaciòn pùblica, mediante los nuevos soportes tecnològicos, se demostrò en los efectos dejados por el devastador mega terremoto en el centro-sur del paìs del 27 de febrero pasado. Durante las horas màas angustiantes para la poblaciòn, entre medio de rèplicas sìsmicas, saqueos y caos generalizado en las calles, un segmento de la ciudadanìa levantò su voz, a travès de las redes sociales de Facebook, Twitter y los blogs, para levantarse como un contrapeso informativo al tratamiento de las informaciones emitidas por los Medios de Comunicaciòn convencionales. En varias ocasiones, la reacciòn espontànea de los usuarios de Internet clarificò la informaciòn emitida en directo por las emisoras televisivas, descartando el concepto del “impacto” que se estaba construyendo en esos instantes para reconducir los canales informativos hacia la organizaciòn de la ayuda coordinada que se demandaba. Lamentablemente, el trabajo de las redes sociales fue posteriormente olvidado por las autoridades que, menos de un mes despuès, anunciò la idea de reducir el presupuesto pùblico destinado a las organizaciones civiles con el fin de reajustarlo para las tareas de reconstrucciòn material de las zonas afectadas.

Esta fue una inesperada rèplica para el mundo civil organizado, desde las juntas de vecinos hasta las asociaciones de consumidores. Al mismo tiempo, constituye un nuevo corolario en las dificultades que encuentra la ciudadanìa para aumentar su participaciòn en el sistema de decisiones pùblicas. El principal obstàculo para alcanzar este objetivo es el acceso a la informaciòn proveniente de la red de instituciones estatales que representan una suerte de materia prima para las tareas de fiscalizaciòn ciudadana, particularmente en un paìs donde històricamente se ha instalado el “compadrazgo” y la red de amistades recìprocas entre personeros conocidos, tanto del sector pùblico como del privado.

Si bien Chile, de acuerdo a las clasificaciones elaboradas por Transparency International, es el paìs màs transparente de Amèrica Latina y se ubica entre los primeros 24 paìses en el mundo con menos corrupciòn, a nivel micro social aùn perduran mecanismos inhibidores, como la falta de acceso a las documentaciones del Estado por parte de los ciudadanos comunes y corrientes.

Para comprender esta problemàtica es necesario comenzar, brevemente, con la historia contempòranea de las Ciencias de la documentaciòn en Chile, estableciendo como punto de partida el quiebre de la institucionalidad polìtica a partir del golpe de Estado de 1973. La lògica militar de ese entonces intervinò radicalmente la producciòn de saberes, es decir la investigaciòn y sus formas de registros, limitando la libertad de expresiòn y su circulaciòn para el desarrollo del conocimiento y su posterior legado intelectual en soportes documentarios. La intervenciòn surtiò un efecto desmoronador para un paìs que por màs de un siglo fue considerado como uno de los màs abiertos desde la òptica polìtica e intelectual.

“Muchos de los académicos y científicos despedidos se desplazaron hacia organismos privados y se crearon organismos no gubernamentales dedicados a la investigación. La mayoría de ellos se organizaron intentando retener las capacidades profesionales y académicas y creando condiciones que permitieran a los investigadores permanecer en el país. Gran parte de la investigación social de ese período se orientó alanálisis crítico de las políticas en desarrollo y de problemas coyunturales agudizados por dichas políticas.

Esos centros dependieron de la capacidad de los equipos de investigadores para organizarse eficazmente en función de producir estudios de alta calidad y lograr el financiamiento necesario para realizarlos. Al cabo

de un tiempo, los centros y sus investigadores alcanzaron reputación y reconocimiento y lograron los fondos necesarios para continuar desarrollando sus estudios. Después de los noventa, algunos de esos centros se cerraron, otros se integraron a algunas universidades y otros continuaron como centros independientes”, explica la psicòloga, acadèmica y ex presidente del Consejo Superior de Ciencias del Fondicyt (organismo estatal del gobierno chileno), Elizabeth Lira.



Paralelamente a estas dinàmicas, la investigaciòn social y su consiguiente registro en el sistema de documentaciones se fue concentrando en las lògicas del mercado, con la emergencia de las oficinas de consultorìa privada que contienen la idea de una “investigaciòn contratada” y, por ende, acotada en el tratamiento de diversos estudios de la realidad nacional. Actualmente estos son los actores hegemònicos en la producciòn de nuevos registros documentartios sobre variados temas de relevancia social como delincuencia, desempleo juvenil, violencia domèstica, entre otros. La constituciòn de este referente indudablemente ha enriquecido la oferta de documentos en el paìs, pero tambièn ha colocado sobre la mesa, nuevas formas de competencia para la producciòn de datos e informaciones desde el Estado que, lamentablemente, ha adecuado las pautas de disponilidad limitada con las cuales opera el sector privado hacia los grandes demandantes de informaciòn pùblicas como lo son las organizaciones civiles.



Ello inevitablemente termina perjudicando a este ùltimo actor, tal como lo desmenuza Lira: “Casi siempre el contrato (con las consultoras privadas) establece restricciones a la propiedad intelectual de los autores, limitando la difusión del estudio, sin que necesariamente esto implique que serán publicados por la institución contratante. La no publicación de estos estudios los sustrae del conocimiento de sus pares y de la necesaria evaluación acerca de su calidad y pertinencia. Algunos resultados pueden ser utilizados como insumos de políticas públicas, a pesar de sus restricciones, pero otros pueden terminar en un informe sin difusión alguna. Si la institución contratante es una dependencia del Estado, el informe podrá ser consultado años después en el Archivo Nacional.



De què manera esta distorsiòn pràctica y concreta en el ordenamiento de las ciencias de la documentaciòn afecta negativamente a la ciudadanìa?. El escenario Post Terremoto nos darà una idea al respecto. Luego de ver còmo algunos condominios o departamentos construìdos hace menos de cinco anos, terminaron por los suelos, gran parte de los afectados y las organizaciones civiles que han tomado sus casos para defender sus derechos en tribunales, demandando a las empresas constructoras, se han encontrado con la dificultosa tarea de reunir toda la documentaciòn disponible en torno a los permisos de edificaciòn entregado por las autoridades municipales a dichas empresas en las zonas afectadas. Se ha verificado un vacìo relativo en la disponibilidad de este tipo de informaciones en los sitios web de las autoridades comunales, la Asociaciòn Gremial que agrupa a las constructoras cuestionadas y hasta en los servicios estatales de Vivienda y Urbanismo. Similares problemas han visto las organizaciones civiles de consumidores que desean establecer class action o demandas colectivas a las constructoras para presentar los datos a los Tribunales de Justicia.



Entonces, si nos atenemos al principio de las Ciencias de la Documentaciòn en cuanto a una disciplina que reùne aquellas ideas que representan parcelas de la realidad, en Chile podemos apreciar que esta parcelizaciòn ha sido cercada y limitada para la ciudadanìa. Si bien a fines del 2008 se publicò la Ley 20.285, que establece un sistema de documentaciòn serio y abierto al pùblico, todavìa no se logran observar avances relevantes en la materia. La realidad de una Ley formal con pocos efectos concretos està generando inquietudes en el sector de las organizaciones civiles chilenas, como lo afirma el Presidente de la

Fundaciòn Pro Acceso, Federico Allendes: “No sabemos cuàntas bases de datos estàn en el sector pùblico y què hacen con ellas”. Y agrega: “En países como Alemania y España existe la "autodeterminación informativa", es decir que una persona tiene derecho a acceder a una base de datos donde haya información suya; a rectificar esos datos si se requiere, y a pedir que se cancelen los datos y se borren del registro en los casos en que corresponda. En Chile existe, pero no hay sanciones en caso de que no se realice”.



Aunque el mundo civil y acadèmico valoran la existencia de la reciente normativa, ambos sectores lamentan algunas insuficiencias. “Tenemos una ley coja, que no se atreve, por ejemplo, a tocar temas como el secretismo bancario, la construcción de balances de las grandes empresas, cuestiones todas que, si bien son originadas por privados, tienen que ver finalmente con prestaciones de servicios a un público: ¿Por qué sí uno le puede preguntar todo al Estado y nada al empresario?”, sostienen cierto miembros del Consejo de Rectores de las Universidades Pùblicas chilenas.



En tèrminos concretos, los organismo estatales han debido lidiar con las demandas de las organizaciones ciudadanas por obtener mayor informaciòn. Durante las primeras 14 semanas de vigencia de la ley, los servicios y organismos de la administración pùblica recibieron un total de 9.017 requerimientos de información, registrándose un promedio diario de ingreso de solicitudes de 87,5. Por otro lado, hasta el 13 de agosto del 2008, al Consejo para la Transparencia de Chile ingresò un total de 1.014 casos y consultas. Ello demuestra el aspecto positivo de la normativa para incentivar el concepto de transparencia activa dentro del Estado, pero las actividades de las organizaciones civiles son tantas que en este momentos estàn desbordando las capacidades instaladas en el secor pùblico, razòn por la cual tambièn es necesario avanzar en la regulaciòn sobre archivos y custodia de informaciòn, ademàs de la adecuaciòn de procedimientos internos de algunos organismos y servicios estatales.



Los desafìos en materia de acceso a las documentaciones pùblicas se han acrecentado con el cambio de gobierno ocurrido en marzo del presente ano, que ha instalado a la derecha polìticia en el Estado despuès de viente anos de administraciòn del centro izquierda. Màs allà de la sana rotaciòn de equilibrios que supone todo sistema democrtàtico, la principal preocupaciòn para las organizaciones civiles son los ùltimos anuncios del gobierno de Sebastiàn Pinera reducir los fondos destinados a este sector. Pero el problema de fondo es que, al interior de este bloque polìtico, existe la convicciòn de evitar todo aquello que se refiere al concepto de “el gobierno ciudadano”, puesto que es visto como una clàsica bandera del centro izquierda aplicada en los ùltimos viente anos en Chile. De todos modos, el sistema de documentaciòn en Chile sigue su paso adelante, esperando que se clarifiquen algunas condiciones para un acceso màs fàcil de la ciudadanìa a las informaciones claves que otorga el Estado y el sector privado.

14:39 Scritto da: valenciafly | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: chile, ciencias de la documentaciòn, transparencia | OKNOtizie | |  Facebook

La masificaciòn de los juegos de azar en un paìs que “apuesta” al desarrollo

Se habla hasta por los codos acerca de la sociedad del consumo en la cual està inmersa Chile desde la implantaciòn forzada del modelo econòmico de ortodoxia monetarista en 1975 (con la primera polìtica-econòmica de “shock”). Sin embargo, muchos no pueden reconocer los mecanismo mediante los cuales se manifiestan las pulsiones del consumo en un paìs que presenta un alto contenido aspiracional en materia econòmica y simbòlica.

Descripciones de este tema abundan en la obra de Tomàs Moulian “Chile actual: Anatomìa de un mito” (1996) o en “El consumo me consume” (1997), donde se establecen aproximaciones clasificatorias acerca del consumo compulsivo en el paìs. No obstante, con el paso del tiempo, estas tipologìas tienden a dejar de lado otro fenòmeno participante dentro del complejo proceso de transformaciones culturales vividas en el paìs desde los anos ochenta: La influencia de la industria de los juegos de azar en la poblaciòn. Efectivamente, el impulso primordial que lleva a las personas al hecho de apostar està estrechamente ligado al deseo de tener o, mejor dicho, de aspirar a poseer “cosas” que aùn no forman parte real de sus propiedades. Esta es la eterna idealizaciòn, el interminable camino de la abstracciòn de una sociedad que aspira al desarrollo, pero incapaz de crear un correlato de integraciòn social para alcanzar este objetivo, razòn por la cual tiende a mirar el camino fàcil, la inmediatez del acceso al dinero como la ùltima finalidad.

Ya en 1982 encontramos las primeras advertencias respecto a los efectos culturales de la masificaciòn de los juegos de azar: “Pareciera que la vida se vuelve una apuesta para quienes fueron desposeìdos de su praxis y sometidos al libre juego del mercado: si es el azar quien gobierna el mundo, es racional jugar al azar. Hay algo de astucia infantil en dejarse enganar por las pequenas promesas del juego con el propòsito de enganar a su vez a las leyes estrictas del mercado. En lugar de pensar en la acciòn mancomunada se tiende a buscar la salvaciòn en algùn acto de gracia. Cuando el sacrificio diario se revela gratuito, se busca la justicia en el premio. El premio podrìa ser una buena cantidad de dinero que cambie la situaciòn personal, pero tambièn puede ser un sìmbolo: todas aquellas promesas publicitarias vendidas al detalle por las cuales se accede en cuotas al mundo feliz” .

La liberalizaciòn del mercado supone un nuevo campo de juego: Se disminuyen las garantìas ofrecidas por el Estado como el garante de derechos y servicios bàsicos a costa de un sector privado que basa su visiòn de mundo en la rentabilidad, mientras que las condiciones de desarrollo quedan a disposiciòn del azar, o de aquèlla mano invisible atribuìda a las libres capacidades del individuo. Desde esta lògica debemos comprender la consolidaciòn de la industria de los juegos de azar en Chile, la cual promete no dar marcha atràs, debido al florecido mercado que ha encontrado a partir de las concuspicencias que se desarrollan en un modelo antropològico determinado el imaginario de la liberalizaciòn de las ganancias privadas por sobre la regulaciòn de los desequilibrios individuales y sociales.

Podemos comenzar con datos “duros”. De acuerdo a la subgerencia de Investigación y Desarrollo de Polla Chilena de Beneficencia, actualmente existen cerca de 5. 170.000 jugadores regulares a lo largo del paìs. O sea, entre el 35% y 50% de la poblaciòn recurre a esta especie de ritual cultural compulsivo-obsesivo para intentar “cambiar la suerte”, “asegurar la vida”, “tener un golpe de suerte”, etc. No es raro entonces, que las ventas de Polla y Lotería de Concepción –el duopolio autorizado legalmente para administrar juegos de azar nacionales- sean en torno a 310 millones de dólares ($ 166.110 millones), lo que muestra un promedio de $14.000 millones destinados mensualmente a esta industria por parte de los jugadores-consumidores. Tampoco es raro apreciar còmo estos dos actores del mercado de juegos tengan una escondida guerra contra los traga monedas que han surgido en miles de locales comerciales a lo largo del paìs, debido a la competencia desleal que observan en cuanto a que se encuentran exentos de pagar impuestos.



Y es que la legitimaciòn de los juegos de azar encuentra en el Estado un factor preponderante en el incentivo de estas actividades, bajo la justificaciòn de aumentar la recaudaciòn tributaria y el fomento al turismo. Es asì como debemos comprender la irrupciòn de quince Casinos de juego en las regiones del paìs que constituyen uno de los mejores ejemplos de descentralizaciòn...en materia de juegos de azar. De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Casinos de Juego, mensualmente ingresa un promedio de US$ 25 millones a las arcas del sector, donde cada chileno gasta un promedio de $27.600 (US$ 40), o sea unos US$ 480 anuales. Una cifra cercana al promedio de los sueldos en el paìs, con lo cual un chileno apostadoro asiduo a este tipo de juegos destinarìa un mes de sueldo a estas actividades.

El principal problema es que no se han considerado las llamadas externalidades negativas de estas dinàmicas, como la ludopatìa. El ludòpata es funcional al sistema econòmico liberalizador in extremis donde el juego està legalizado en la lògica del consumo y es facilitado por una red de marketing que promociona el acceso a esta “industria del ocio”, generando una retroalimentaciòn con los potenciales ludòpatas que deben enfrentar una adicciòn alimentada por el mercado y amparada por el Poder pùblico. Tal como los otros tipos de adicciones que producen externalidades sociales negativas (alcoholismo, tabaquismo, drogadicciòn, etc.), los juegos de azar presentan serios impedimentos para ser extraìdos de raìz, debido a los intereses econòmicos establecidos.

Asì, la dicotomìa entre rentabilidad econòmica-rentabilidad social es hegemonizada por la primera puesto que la presencia de grandes casinos està acentuando la precarizaciòn de las pequenas actividades comerciales en las zonas donde èstos operan, especialmente en la pequenas y microempresas, que no pueden enfrentarse a la competencia impuesta por esta nueva industria del ocio. La promesa de crear màs empleos es neutra pues como se generan al interior de los casinos, tambièn se pierden en los entornos econòmicos que deben cesar sus actividades.

Pero existe una problemàtica màs capilar en las consecuencias que conlleva una oferta masiva de juegos de azar: Su pràctica sostenida del lleva a los ciudadanos-apostadores a incrementar el espìritu de competencia que, segùn la teorìa ultra liberalista, duerme en cada uno de nosotros. Bien concuerdan los psiquiatras que el ludòpata es funcional al sistema econòmico. En este sentido, una gènesis aproximativa entre el mercado y los juegos de azar nos la entrega uno de los padres de la ortodoxia liberal-monetarista, F. Hayeck. Segùn su doctrina, la sociedad capitalista en su versiòn neoliberal es la màs perfecta debido a que nace del azar, sin ninguna premeditaciòn, justo en el momento en que los individuos inician el juego competitivo. Como esta teorìa està basada en el darwinismo social, los màs competitivos obtendràn, por el azar, resultados màs exitosos, logrando sobervivir en el mercado. Ello llevarà a los demàs individuos a imitar los comportamientos competitivos. En otras palabras, la idea es: “Si este tipo logrò hacer dinero, yo tambièn puedo probar”.

Justamente, la teorìa del juego nos habla acerca del perfil del jugador que poco a poco le asigna menos importancia al hecho de obtener ganancias econòmicas a costa de conseguir mayores espacios para el sentmiento de la competencia màs puro. Ahora la màxima serìa: “Le mostrarè quièn es el mejor”. La sofisticaciòn en la cultura del juego plantea la superaciòn del deseo de ganar dinero, pasando al deseo del reconocimiento. Como vemos, la fuerza motriz del individuo -en estos casos- se orienta mediante la administraciòn de las inseguridades e incertezas generadas por las presiones econòmicas, las cuales encuentran una alternativa en el juego de azar.

La retralimentaciòn de estas dinàmicas se genera q partir de los mensajes subliminales primarios que se esconden en los slogans publicitarios construìdos por la filosofìa del marketing, uno de los bienes intangibles y no transables que coadyuvan a determinar una parte de la realidad a millones de chilenos. En este sentido, el marketing de los juegos legalizados se abre camino peor que una placa subterrànea: Su lògica expansiva ha diversificado la oferta de productos a travès del formato “raspe y gane” con anzuelos como la entrega inmediata de $ 100 millones en premios o de sueldos mensuales de hasta $ 500 mil por todo un ano.

Para un ciudadano inmerso en continuas dinàmicas intensificadoras de sus deseos inmediatos, como las necesidades econòmicas en un paìs en vìas de desarrollo, con un ingreso per càpita medio como Chile (US$10.000 nominal y US$ 14.600 por paridad de compra), no es difìcil caer en la voràgine de las supuestas “oportunidades” que plantea este tipo de dinàmicas del mercado. El apostador es un consumidor a todas luces y, por lo general, presenta una delgada lìnea de separaciòn entre la mesura y la impulsividad. Lo cierto es que el mercado, entendido como asignador de bienes pùblicos, ha levantado una cultura del juego instantàneo. Ya no es necesario reunir la mayor cantidad de cupones posibles con los datos personales para mandarlo a una casilla postal determinada y esperar a ser el ganador en un concurso por tòmbola, sino que sòlo se requiere comprar, raspar y ganar. Una trìada que es utilizada para aumentar las ventas de productos o promocionar nuevos servicios provenientes del sector privado. Tanto bancos como supermercados recurren a la lògica del “jugar y ganar” para obtener la preferencia de los usuarios (potenciales clientes) a cambio de participar en concursos por un departamento, automòviles o viajes. Las tècnicas de marketing tambièn han incluido el concepto del raspe y gane para promocionar sus productos, mediante supuestos descuentos o premios.

Lo cierto es que la ludopatìa se transforma en un bien intangible producto del marketing. La abstracciòn de la ganancia se asocia con la idea moderna de que la satisfacciòn, estabilidad y seguridad personal se construyen sobre la base del dinero. Esto es lo que se conoce como “ilusiòn de control”, en el cual el apostador piensa que sus elecciones (un nùmero X o un par de partidos de la polla gol) son controlables o, al menos, podrìan influenciar los resultados finales de un juego. El tipo de ilusiòn tambièn es funcional a la idea de doblarle la mano a las condiciones impuestas por el modelo econòmico y la divisiòn del trabajo que implica. Ello no es màs que una consecuencia del pensamiento egocèntrico que caracteriza al hombre y que està directamente asociado a la potencial competitividad que sustenta la ortodoxia liberalista. El egoìsmo pasa a jugar un papel fundamental, ya que la pulsiòn por los juegos de azar en algunos ciudadanos activa otros mecanismos de justificaciòn a una pràctica que anteriormente presentaba una menor aceptaciòn social: Los compradores de loterìa, Kino, Loto y/o raspe y gane, asì como los asiduos a los casinos de juego, suelen decir a los demàs “si gano un premio gordo, pongo una parte de esto a un hogar de ninos o ayudo a alguien”. Con ello se esconden bajo la alfombra las eventuales crìticas de rechazo por parte de los demàas hacia la conducta de los usuarios permamentes de estos juegos.

Un relato paralelo a este fenòmeno es la premisa del riesgo en la sociedad, implìcita en la industria de los juegos de azar, que tambièn se desarrolla por canales màs legitimizados. De hecho, la inversiòn en la Bolsa de Valores y en los mùltiples instrumentos de inversiòn individual para el futuro viene a ser otra expresiòn del juego de azar, pero màs racionalizado a la hora de analizar las decisiones, aunque el nùcleo duro se mantiene: aumentar las ganancias personales a travès del riesgo de las alternativas a elegir. Puestas asì las cosas, no es raro que se genere confusiòn entre planos tan distintos como la oferta de nuevos instrumentos de inversiòn a futuro para la ciudadanìa, que se sustentan en anàlisis racionalmente elaborados, y los juegoas de azar que tambièn implican un riesgo en funciòn de la ganancia-pèrdida.

El hecho concreto de superar una situaciòn de riesgo -como es acertar los nùmeros, ganar dinero en efectivo por un juego determinado, comprar y/o vender acciones, etc.- acarrea una nueva serie de procesos empìricos en el individuo; desde cambiar la vida a partir de la fortuna econòmica, el mero gozo del triunfo y el reconomiento de los demàs, hasta el control del futuro personal y una autonomìa plena de las exigencias laborales y de otras necesidades. En otras palabras, se refuerza la autoilusiòn de escapar del “reino de la necesidad”, advertido por Hegel. Y aquì se produce el mayor conflicto: la disminuciòn de una visiòn ètica del trabajo que en Chile està màas determinada por nuestra cultura latina cortoplacista.

Considerando que Chile encabeza la lista de los paìses de la regiòn con mayores enfermedades mentales y trastornos de la personalidad, la masificaciòn de los juegos de azar promete aumentar dichas tasas, sin la debida protecciòn del Estado por la prevenciòn de la salud pùblica y la calidad de vida de los ciudadanos que son susceptibles de caer en la alienante voràgine de la ludopatìa. Y aquì surge otro conflicto: La preocupante incapacidad de un segmento de la poblaciòn de asumir sus responsabilidades individual para enfrentar los embates de la industria lùdica.

Y es que, contrariamente, a lo que algunos deseen pensar, la causa de la adicciòn patològica a los juegos de azar no responde exclusivamente a las dificultades económicas por las que atraviesa una sociedad en crisis, sino que apuntan predominantemente al factor de las características personales y estados de angustia, depresión, soledad, entre otros. Estos tipos de perfil presentan una mayor predisposiciòn a los incentivos de la industria, particularmente debido a que tienden a justificar aquello que les sucede preminentemente desde explicaciones externas: “los problemas que tengo son culpa de los demàs, me accidentè por mala suerte, me echaron del trabajo por envidia, en este paìs es imposible vivir, algùn dìa le darè el palo al gato (tener golpe de fortuna), etc”. La extrema justificaciòn externa en las decisiones internas del individuo, de acuerdo a los especialistas, aumenta las posibilidades de conectar con la dinàmica de los juegos, ya que se priorizan los aspectos emocionales de la propia realidad frente a objetos externos. Asì, el sujeto, a la hora de comprar un loto, raspe y gane o entrar a un casino, piensa que sus probabilidades de ganar superan a las de una eventual pèrdida.

Que los niveles de alienaciòn social se incrementen con el desarrollo de la industria del juego de azar es una perogrullada, al igual que hablar del dèficit regulatorio de las autoridades pùblicas para evitar nuevas externalidades negativas en un paìs que tambièn apuesta a ser desarrollado. Sin embargo, la nociòn de riesgo que implica toda apuesta ha acentùado sobre la base del miedo a perder el trabajo o de no alcanzar una situaciòn econòmica suficiente para mantener las necesidades de cada uno. Dichas expectativas son explotadas por el discurso del èxito inmediato que apela el marketing del juego, en el cual el camino corto para alcanzar el dinero es la mejor arma retòrica para reproducir este nuevo aspecto de la cultura del desarrollo chileno.